El pasado mes de septiembre el Gobierno aprobó la nueva Ley de Educación que, entre otras cosas, hace referencia explícita por primera vez a la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Educación para la Ciudadanía Global reflejadas en la Agenda 2030.

¿Qué significa esto exactamente? Como explicaba en una reciente entrevista Purificación Llaquet, subdirectora de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, «aparece la educación para la transición ecológica con criterios de justicia social para contribuir a la sostenibilidad ambiental, social y económica y, además, se destaca la importancia de la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la cohesión social, la solidaridad entre pueblos y la adquisición de valores que propicien el respeto a los animales y el medioambiente».

Lo que estos nuevos currículos pretenden incluir, por tanto, es un enfoque ecosocial en todas las materias durante las diferentes etapas. Y no solo eso: la legislación también insta a las distintas Administraciones a favorecer la sostenibilidad de los centros, su relación con el medio natural y su adaptación a las consecuencias del cambio climático a través de la coordinación con asociaciones de su entorno para crear comunidades educativas abiertas.

Esto último es especialmente relevante en el contexto educativo: compartir todo tipo de conocimientos sobre sostenibilidad permite ampliar el espectro del aprendizaje hacia múltiples ángulos, favoreciendo una educación ambiental accesible y útil para todos los alumnos y alumnas.

No obstante, como se ha señalado líneas más arriba, la ley acompaña una labor que muchos docentes ya vienen haciendo con proyectos e iniciativas sobre educación ambiental en múltiples ámbitos, desde la gestión de residuos hasta el fomento de la biodiversidad, la movilidad sostenible o el consumo responsable.

En los años más recientes, por ejemplo, los colegios de Castilla y León se han ido adhiriendo al sello de Centro Educativo Sostenible, un reconocimiento público a los colegios que desarrollan iniciativas de ambientalización integral del centro, las cuales están basadas en la educación y gestión ambiental y cuentan, además, con la participación activa del alumnado y el uso de metodologías innovadoras desarrolladas por los propios profesores.

En total, más de un centenar de centros docentes cuentan actualmente con este sello. También otros Gobiernos, como el de La Rioja o Castilla-La Mancha, han reconocido con méritos similares la labor de otros centros educativos por la enseñanza ambiental. Y por si fuera poco, otra larga lista de escuelas de todas las autonomías se han sumado a las conocidas redes escolares para la sostenibilidad: comunidades de coordinación entre centros educativos que promueven el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias en clave de sostenibilidad.

Esta transversalidad de la educación ambiental es algo que prioriza precisamente la nueva legislación en las aulas, que deja la puerta abierta para que cada centro amplíe la educación para la sostenibilidad tanto como lo desee. Una buena guía para los docentes que quieran dar el paso hacia la sostenibilidad es la Biblioteca de recursos didácticos de Naturaliza, una colección de recursos didácticos para desarrollar los contenidos curriculares de las 4 asignaturas troncales de Educación Primaria (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellena y Literatura y Matemáticas), incorporando una mirada ambiental.

Esta apuesta por transmitir los valores ambientales en el aula continuará cuando el alumnado vuelva a las aulas en septiembre, en todas las comunidades autónomas, unas aulas en las que encontrarán una enseñanza más verde, sostenible y pedagógica. Con el currículo renovado, y especialmente gracias a los y las docentes y su afán por enseñar a cuidar del planeta, podrán tener la certeza de que la sostenibilidad será una compañera más.

Texto: Cristina Suárez